Por JOAQUIM MARTI MARTI.

La jurisprudencia de las Salas Civil y Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo han introducido un nuevo criterio en las tasaciones de costas de minutas de Letrado y facturas de Procurador: el principio de la proporcionalidad de la minuta con el trabajo realizado y la incidencia del mismo en el resultado, así como la importancia de los intereses económicos subyacentes, para rebatir y reducir (en gran parte) las minutas y facturas presentadas por estos profesionales y que fueron objeto de tasación de costas previo informe preceptivo del Colegio de Abogados respectivo.

Así pues, la jurisprudencia del Tribunal Supremo introduce ahora un criterio nuevo, que permitirá a los Juzgados y Tribunales reducir las Minutas y facturas presentadas a tasación, en base a este criterio que explicaremos en detalle en este artículo.

POR JOAQUIM MARTI MARTI
Abogado.
Profesor en cursos de formación. Autor de diversas publicaciones.

I.- INTRODUCCIÓN.

El artº 62 del TR de la LAU de 1964, establece como causas de resolución, cuando el “inquilino” ocupe dos o más viviendas en la misma población y el uso de todas ellas no sea indispensable para atender a sus necesidades (causa 4ª) y cuando el “inquilino”, en un plazo de seis meses inmediatamente anteriores a la demanda, hubiese tenido a su disposición, una vivienda desocupada (causa 5ª).

Por Joaquim Martí Martí. Abogado.

El art. 292 de la LOPJ regula el «ERROR JUDICIAL». Se refiere el citado artículo a que los daños por error judicial darán derecho a una indemnización. Se diferencia del error judicial el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, es decir, no sólo la conducta que da como resultado una resolución errónea, sino la conducta errónea por sí misma, aunque no dé como resultado una resolución errónea (dilación indebida, por ejemplo) (art. 293). Finalmente, la Ley incluye una tercera vía resarcitoria: los supuestos en los que el particular haya sufrido prisión preventiva y posteriormente sea absuelto por inexistencia del hecho imputado (art. 294). En el presente artículo estudiaremos en detalle esta tercera vía de acceso.

Por JOAQUIM MARTI MARTI.

Abogado. Profesor colaborador Derecho Civil. Universidad de Barcelona

La extensión de las obligaciones contractuales derivadas de la relación contractual establecida entre el Abogado y su cliente y las diferentes resoluciones jurisprudenciales que se han pronunciado sobre la materia constituyen el objeto del presente estudio. La jurisprudencia sobre responsabilidad del Letrado por error procesal, en particular, se analiza a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2003 (LA LEY, 2003, 2325) que considera negligente la actitud del Abogado por presentación del escrito de preparación del recurso de casación fuera de plazo.

Por Joaquim Martí Martí.

La reclamación por error profesional es una situación consolidada en lo que se refiere a los colectivos de médicos, arquitectos, y arquitectos técnicos. Lamentablemente, a estos colectivos se han añadido, en los últimos años, los Abogados, cuyas reclamaciones por errores profesionales se han incrementado en número y en cuantías. En este artículo estudiaremos si el colectivo de los Administradores de fincas debe considerar, o no, que el ejercicio de su actividad profesional está afectado por las mismas exigencias que el resto de colectivos y si, en consecuencia, sus errores pueden sufrir las mismas consecuencias y reclamaciones. Y ello por cuanto, la sociedad cada vez reclama más, y ha asumido un principio por el cual la contratación de un profesional obliga a éste a prestar en el servicio un nivel de exigencia muy superior al de podría darse en un buen padre de familia.

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Abogado. Profesor colaborador Derecho Civil. Universidad de Barcelona

LA LEY 4472/2010: La responsabilidad civil del abogado por error profesional se extiende a toda actuación que pueda considerarse contraria a su lex artis. Esa lex artis es la que determina el patrón de comportamiento para el abogado en el proceso: debe presentar ordenadamente los hechos, de acuerdo con los fundamentos de derecho, para plasmar ambos en un petitum de la demanda de acuerdo con la pretensión del cliente, y todo ello dentro de los plazos y términos legales. 

Por JOAQUIM MARTI MARTI.

Abogado. Profesor colaborador Derecho Civil. Universidad de Barcelona

Tras el estudio de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, (LSP) cabe concluir que la responsabilidad civil del abogado tiende, cada vez más, a equipararse a la de los médicos; introduciendo la citada ley la novedad de pretender imputar la responsabilidad por error del abogado al despacho del que forma parte, al igual que el centro médico responde del error del facultativo.

Por Joaquim Martí Martí.



El contrato de arrendamiento se define como un compromiso bilateral, en el que el arrendador entrega un bien inmueble para uso y disfrute del arrendatario a cambio de una renta mensual. La casuística nos demuestra que esa relación contractual no es tan simple y que las obligaciones de ambas partes derivan en una pluralidad de conflictos. El incumplimiento de estas obligaciones conlleva la resolución contractual. Si el incumplimiento es del arrendatario, será el arrendador el que solicite la resolución del contrato y el abandono de la vivienda por parte del arrendatario. Pero si el incumplimiento es del arrendador, la acción resolutoria provendrá del arrendatario, quien además podrá solicitar una indemnización por el daño causado.

El presente artículo, no obstante, se centra en el incumplimiento de los contratos de arrendamiento celebrados a partir de la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, sin entrar en el estudio de las causas de resolución de los contratos sometidos a prórroga forzosa.

Por Joaquim Martí Martí.

La jurisprudencia (sirviendo como ejemplo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 13ª, de 21 de septiembre de 2000, rec 121/1999, Ponente: Cremades Morant, Juan Bautista), establece que la previsión del párrafo 3º del artº 62 LAU no ha de ser interpretado en el sentido que el local haya cesado toda actividad para estimar la causa resolutoria.

Por Joaquim Martí Martí.

Abogado. Profesor en cursos de formación.

En el proceso civil, el demandado debe defenderse, total o parcialmente, de las alegaciones del actor y de sus pretensiones vertidas en el suplico de la demanda. Debe negarlas, articular prueba que rebata las alegaciones del actor, y oponerse a toda pretensión que entienda como impropia o improcedente.
Pero la actividad del demandado no está limitada a su defensa; y ello por cuanto puede utilizar el mismo proceso para demandar al actor, (aunque también puede hacerlo frente a otros sujetos) mediante lo que se denomina “demanda de reconvención”. En este caso, el demandado no se limita a su defensa, sino que acumula a esta actividad, la de reclamar una o varias pretensiones al propio actor.
La norma y la jurisprudencia fijan las condiciones de la reconvención para que pueda dilucidarse en el mismo proceso, ya que la identidad de las partes no es la única nota característica para que la reconvención pueda debatirse en el mismo proceso instado por el actor inicial, ni la define en su integridad.
En este artículo estudiaremos las notas características de la reconvención y la casuística jurisprudencial que la ha regulado.